La “salida” del senador opositor Roger
Pinto Molina, refugiado en la embajada de Brasil en La Paz, Bolivia tiene un
final después de 455 días de limbo jurídico. El ahora exiliado senador se
encontraba en la sede diplomática desde el pasado 28 de mayo de 2012, fecha en
la que ingresó alegando persecución política por parte del gobierno de Evo
Morales en contra de su persona. El 9 de junio de 2012 el gobierno de
Dilma Rousseff le otorgó al boliviano el asilo político, con lo que comenzó una
larga espera de 15 meses, en los cuales la salida del senador no podía hacerse
en condiciones de seguridad, dado que el gobierno boliviano rechazó el
salvoconducto solicitado a Pinto Molina, por razones aducidas, que contra el
pesan cargos judiciales, que imposibilitan el mismo, y lo obligan a permanecer
en Bolivia hasta haber cumplido con la imputación. De hecho en junio del año
pasado una serie de cargos fueron levantados en ausencia del interesado, entre los que figuran casos de corrupción,
malversación de fondos y tráfico de influencias. En virtud de esto, la posición
de Evo Morales fue inflexible hasta ahora, de que Pinto debía permanecer y
presentarse ante la justicia boliviana.
Sin embargo las cosas se dieron
de otro modo, el pasado viernes 23 de agosto, una caravana compuesta por un
coche oficial de la embajada brasileña junto a dos otros coches de escolta con
marinos brasileños salen de La Paz, bajo el mando de Eduardo Saboia, encargado
de negocios de la misión diplomática, hacía la frontera con Brasil, en compañía
de asilado Róger Pinto vía Santa Cruz hasta Corumbá, Mato Grosso del Sur,
Brasil, viaje que duró alrededor de 22 horas, según fuentes del mismo Roger
Pinto. Cruzó la frontera y desde ahí se trasladó por vía aérea hasta la capital
Brasilia desde el aeropuerto de la misma localidad en un avión privado. Allá en
Brasilia fue recibido por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del
Senado, Ricardo Feraço.
La salida del considerado prófugo de la justicia sin
salvoconducto otorgado del país andino se produjo por ende en condiciones,
donde la inmunidad del vehículo diplomático amparó al senador y ex gobernador
de ser detenido por las autoridades bolivianas, basadas en la Convención de
Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961, que establece la
inviolabilidad de todo vehículo o recinto diplomático. No obstante tal medida
también constituye un precedente en la historia de los casos de asilo político.
Resulta por lo tanto controversial como en primer lugar el embajador acreditado
a La Paz, Marcel Biato tomara la decisión de otorgar el asilo al senador hace
más de un año, contraviniendo a los cargos que se estaban levantando en su
contra, lo cual podía invalidar su solicitud, pero que sin embargo se puede
justificar en el caso de urgencia o por
razones políticas y cuando la seguridad y dignidad del interesado está en
riesgo. Después entra la segunda controversia, que 15 meses después del arribo
del senador opositor a la embajada, y bajo el mando del encargado de negocios
Eduardo Saboia, este tomara la decisión personal de trasladar al boliviano
hacia Brasil, donde ya goza de asilo otorgado, pese a no contar con
salvoconducto válido. Su traslado constituye por lo tanto una forma de proceder,
que desde la perspectiva del gobierno boliviano fue catalogado como una huída en toda forma, sin la previa
consultación de las autoridades locales, en momentos donde se estaba
produciendo un motín en una cárcel en Bolivia, que distrajo a las fuerzas del
orden, y por ende posibilitó la salida en la mayor discreción posible, más allá
de su legalidad o beneplácito por Bolivia.
El encargado de negocios Eduardo Saboia respondió a la
prensa, al ser llamado a consultas por parte del su gobierno, argumentando que
tomó esta decisión por razones humanitarias, y se adjudicó la responsabilidad
de ellas, dado que corría peligro la vida del mismo, quien decía listo para
suicidarse a raíz de una grave depresión, en el caso de permanecer mucho tiempo
más ahí. Pero más alto aún, el canciller de Brasil, Antonio Patriota presentó
su renuncia a la presidenta Rousseff, quien
la aceptó y nombró de inmediato al anterior embajador ante las Naciones
Unidas Luiz Alberto Figueiredo como nuevo canciller. A Patriota a su vez le fue
asignada la misión ante las Naciones Unidas, antes llevada por su sucesor en el
cargo. Marcel Biato, quien estuvo al frente durante este periodo, y fue
responsable del otorgamiento del asilo, lo mandó a Suiza como embajador. Así
con mover tres fichas, los responsables de este evento se encuentran bien lejos
del país, y esto es probablemente lo que mejor le convenía a Dilma, para intentar
arreglar las relaciones bilaterales con Bolivia.
La presidencia boliviana demandó formalmente explicaciones a
la cancillería brasileña, con el fin de aclarar las condiciones en las que se
produjo la salida del ex gobernador de Pando, además de reiterar que en las
relaciones bilaterales no se verán afectadas por ahora. Sin embargo queda
evidente que la salida forzada de este ahora prófugo boliviano será siempre un
precedente diplomático, que podría inclusive inspirar a Julian Assange, quien
lleva más de un año en la misión diplomática de Ecuador en Londres, en una
situación un tanto similar, al tener un asilo otorgado por el gobierno de
Ecuador, pero no del salvoconducto necesario para poder alcanzar su país de
refugio, siendo por ende obligado a permanecer de forma indefinida en el
recinto.
Independientemente de
la legalidad de la acción, y de la justificación humanitaria que condujo a
Saboia a arriesgarse a sacar a Pinto de Bolivia, estamos ante la posibilidad, que
esto sea ante todo una situación creada, donde aparentemente no había otra salida
lógica, que no fuera infringir las leyes. El gobierno de Evo Morales parece por
ahora bastante sereno y no levantó la voz más de lo meramente protocolario, y
Dilma por su lado tampoco parece haber visto demasiadas salidas a la
encrucijada creada en el país vecino. Roger
Pinto alcanzó suelo brasileño, donde ahora está libre de moverse, cuando
permaneció 15 meses en un cuarto de apenas 20 metros cuadrados, recluido en su
libertad de movimiento a efectos prácticos. Si bien Evo no estará satisfecho de
lo sucedido, es la “salida honrosa” más
aceptable para todos, pues por lo visto los responsables de toda esta
operación, hasta el nivel mismo del canciller de gobierno, fueron removidos y
reubicados, a efectos de renovar la confianza de a poco con su par boliviano.
Incluso de ser verdadera la acusación de la oposición
boliviana, la cual declaró a Evo y a su gobierno como corrupto y cómplice con
casos de narcotráfico, las acusaciones contra Pinto Molina cuando fue
Gobernador de Pando, entre 1999 y 2002 son válidas en suelo boliviano, e
imposibilitan al mismo de volver a sus país, al menos hasta que se le absuelva
de los mismos cargos.
El mundo fue testigo de un complejo entramado, propio de una
buena película de Hollywood, de cómo se puede sacar a una persona imputada del
país sin salvoconducto, ni nada más que la razón humanitaria y las inmunidades
propias de un coche diplomático. Si esto llegara en algún momento a poner en
duda el respeto recíproco de los emisarios diplomáticos de un país de acogida,
o incluso el mismo espíritu de la Convención de Viena, al menos el precedente
está a la mano, y razones sobran por parte del lado boliviano para reclamar y
pedir explicaciones a Brasil, con toda la relación asimétrica que pueda haber
entre los dos. Mientras que Roger Pinto puede disfrutar de la playa de
Copacabana o algún otro balneario de la costa atlántica, siempre y cuando no
entorpezca más las ya tensas relaciones bilaterales entre La Paz y Brasilia,
con sus comentarios y acciones personales, que le podrían costar el asilo tan
ansiado y tan difícil de materializar.
