Las relaciones diplomáticas entre Madrid y Caracas se han vuelto ha tensar. El objeto esta vez es de tipo judicial, y no político. El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España ha abierto un auto contra Arturo Cubilla, presunto integrante de ETA actualmente viviendo en Venezuela. Ante ello el gobierno colombiano en su representación en Madrid pidió ayuda a la Audiencia Nacional (España) para abrir a su vez en Colombia una causa judicial contra el presidente venezolano por presunta vinculación con las FARC. El documento para fundamentar este procedimiento judicial se basa, que casualidad, en los documentos proporcionados después del bombardeo en territorio ecuatoriano por parte de las fuerzas armadas colombianas, causando la muerte de Raúl Reyes, quien fungía de número dos después de Manuel Marulanda. Esta información que parece ser lo poco que se conservó de la destrucción del campamento ha sido base una y otra vez para justificar hipotéticas relaciones extraoficiales entre el gobierno bolivariano y las FARC. Hasta la fecha no se ha podido dar el grado de credibilidad a los documentos, pues siendo extraídos en una situación poco clara, no estaría exento de manipulación previa a la presentación oficial. En concreto un documento ha servido a Velasco para relacionar a Cubillas y al gobierno bolivariano, según el cual Cubillas hubiese servido de intermediario entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y la ETA (Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y Libertad) en el año 2004 en relación con el "canciller" de las FARC, Rodrigo Granda. Este encuentro nunca se realizó. Los contactos entre ambas organizaciones si parecen al menos subsistido en el tiempo.
En cuanto fue informado del asunto Hugo Chávez por su lado ha desestimado por completo las acusaciones. Ha declarado en ese sentido no sentirse en la necesidad de darle explicaciones al juez español. Agregó también que su país exigía más respeto por parte de España, y rechaza toda injerencia en la vía judicial. Lo cierto es que la doble nacionalidad de Cubillas ha convertido esta empresa en poco viable, en el sentido que España no puede pedir la extradición de ese ciudadano español, estando en calidad de ciudadano venezolano en Venezuela.
Arturo Cubillas fue participe en la operación Oker de la ETA en los años 80´. Pasó a ser deportado primero a Francia, de ahí a Argelia, donde finalmente en el año 1989 fue deportado definitivamente de Argel a Venezuela, bajo el entonces presidente Andrés Pérez. Habiéndose arraigado en Caracas el año 2005 se integra en el gobierno de Hugo Chávez en el Ministerio de Agricultura y Tierras. Desde Caracas continuó su actividad política pro-vasca y aparentemente representaba a ETA ante otras organizaciones presentes en América Latina y en particular en Venezuela.
Colombia por su parte aparece en este esquema como parte de los que acusan a Venezuela de colaboración con la guerrilla. Ellos por su lado se representan como un país en condiciones morales de inculpar a Venezuela de proselitismo pro-FARC, mientras que la Audiencia Nacional (E) se basa en un testimonio de un ex-combatiente comlobiano, quien ha confesado a la justicia colombiana sus supuestos delitos, a cambio de la libertad. Esta vía judicial ha servido desde tiempo en Colombia, pero no siempre promete ser del todo fiable como fuente de información al tratarse de un marco jurídico dudoso.
La problemática acerca de la supuesta extradición, que entra en un callejón sin salida jurídico no es nada nuevo. Esto pasa entre Bolivia y Perú, respecto a ex-ministros de gobiernos previos bolivianos, prófugos de la justicia protegidos por Perú e indirectamente por EE.UU., tanto como ahora vemos que los países como Cuba o Venezuela, que suelen tener menos retinencia a darle asilo político a ex-integrantes de movimientos guerrilleros de Colombia. Entra ahí una necesaria simpatía ideológica, la cual no excluye a nadie. Si contabilizamos a cuantas personas en proceso de extradición pendiente se encuentran en suelo estadounidense, antiguos colaboradores del régimen nazi que aún siguen prófugos y en búsqueda de captura internacional, pero que siguen en paradero desconocido. Lamentablemente se puede constatar que fuera de las leyes y de los poderes, la justicia internacional no existe.
Si por ejemplo se intenta por resaltar los casos más exitosos en el marco del Tribunal Internacional de Justicia (TJI) con sede en La Haya, Países Bajos, vemos que sus competencias se remiten a los países que efectivamente han firmado el convenio internacional, y los que no lo firmen no estarían sujetos a sus veredictos. El presidente sudanés Omar al Bashir por ejemplo, esta bajo orden de captura internacional por violaciones de derechos humanos en la región de Darfur. Pese a todo, no solo sigue en el poder, sino que se ha postulado a la reelección. También han sido casos importantísimos en Ruanda, Congo etc. Siempre son países del mal llamado tercer mundo, generalmente no suelen involucrar en la medida de lo posible a las antiguas metropolis, que sin mayor conocimiento previo, al menos estan presentes y sirven de proconsules a la vida tanto política como económica o militar.Estos son los países de Francafrique.
En América Latina en cambio el árbitro mayor solía ser EE.UU., capaz de mediar donde los países implicados no llegaban a ningún acuerdo. España algo relegada en ese sentido, aún mantiene al menos buenas relaciones globalmente en materia de justicia. No es fuera de los esperado que por ejemplo México o Venezuela, que son los dos mayores países que han acogido en el pasado a etarras perseguidos, que España quiera estar al tanto con su paradero, y saber sus relaciones con la madre patria. No es la primera vez que se intenta vincular a Chávez con la FARC, ni tampoco que se intenta vincular a Uribe con el paramilitarsmo. Ninguno de los dos ha prosperado hasta la fecha. Independientemente de que en Colombia la Justicia tiene evidentes problemas para operar con independencia, debido al estado de guerra civil latente desde décadas, España y Colombia parecen querer colaborar para poner en el banquillo internacional a Chávez bajo ley antiterrorista. De ahí que por ejemplo Venezuela como Brasil o Francia, han estado involucrados en negociaciones directas con las FARC, esto no los mancha en absoluto.
Si se logrará relacionar tanto las FARC, como la ETA con el gobierno de Chávez, se trataría en el mejor de los casos de un juicio político y poco imparcial. Primeramente por la calidad y cantidad de los argumentos esgrimodos por la parte acusadora (manipulabilidad de la computadora de Raúl Reyes como única prueba física),y después por la difucultad de acusar a un gobierno que no esta tratado en igualdad jurídica. Además que de convertirse en un precedente de la justicia internacional, ningún estado del mundo se podría permitir de tener por ejemplo contactos con organizaciones de facto operativas, pero marginalizadas legalmente, como la Hezbollah, Hamas, FARC, ETA, la IRA (sea el ala que sea) o incluso con piratas somalies o touaregs en posesión de rehenes occidentales en vías de canje humanitario etc. Es moralmente insostenible.
Esta es una de las facetas del anticomunismo persistente en el mundo neoliberal. Siendo Venezuela uno de los países que lleva la contraria a la tendencia general, es el primero que se ha intentado quitar del mapa (golpe de estado fallido el año 2002). Si el gobierno de Zapatero se mantiene en términos donde dice esperar una respuesta del gobierno venezolano, la ha obtenido en la medida que Caracas no piensa colaborar en la vía judicial. Estos mecanismos ya había ocurrido antes, donde se ha efectuado el traslado efectivo de personas de nacionalidad española relacionadas con el terrorismo en España, y que por un lado propiciaron la terminación de procesos en España misma, pero en Venezuela se ha interpretado como una injerencia, sobre todo cuando existen sectores de izquierda radical en Caracas, que tienen afinidad natural con la ETA y con las FARC, aunque esto no pase de ser un contacto informal y en ningún caso involucre directamente al gobierno de Chávez.
Por eso es importante entender hasta que grado Caracas tolera, lo cual en si no constituye un delito. El grado en que es natural a todo régimen acoger a asilados políticos, y posteriormente incluso darles la ciudadanía, no es nunca considerado delito, mientras que le expediente jurídico del implicado no este manchado de algún proceso. De lo contrario si estas condenas fueron cumplidas, no tendría que haber objeción contra ello. Cuando Cubillas obtuvo la ciudadanía venezolana no figuraba en la lista de los buscados por parte de la justicia española. Ahora que si figura, esta noción tiene que chocar necesariamente contra un muro. La evidente imposibilidad de extradición lo convierte en una mera acusación formal en pos de degradar la imagen exterior de Venezuela. En ese sentido exactamente fue también la declaración de la secretaria de estado de EE.UU., quién declaro que Venezuela " mina poco a poco las libertades" y "perjudica a sus vecinos".
En conclusión, esta auto del juez Velasco es ante todo de carácter político y es un grano más en los intentos de deestabilizar y minar el camino de la revolución bolivariana. No tiene porque restarle la credibilidad de otros juicios de la Audiencia Nacional, pero si contribuye a marcar moralmente sus afinidades internacionales. No condena ni menciona los posibles casos similares ocurridos en Colombia, pero si condena al país que ahora mismo es uno de los mayores polos de acogida de refugiados del conflicto colombiano y quien ha servido de intermediario entre el gobierno y las FARC en el pasado en colaboración con la senadora Piedad Córdoba. Si es que la situación llegue a escalar a mayores instancias, todos tienen trapos suicios que van a tener que sacar de algún modo.
Si el afán es impartir justicia, la verdad saldrá en el mejor de los casos matizada por las circunstancias particulares tanto de Venezuela como de Colombia. Pero si el espíritu de las leyes españolas sigue igual, en la medida en que toda apología al terrorismo de ETA prevalece vigente, y no haya un diálogo abierto en la misma sociedad vasca como una propuesta consensuada del futuro del País Vasco, como comunidad autonómica o como estado independiente, habrá (ex-)etarras en el mundo esperando para perpetrar actos de terrorismo, y España podrá interferir en América Latina, el tiempo que persista la lucha antiterrorista. Este tema pendiente como otros tendrá que ser resuelto por la sociedad directamente implicada, y solamente su solución definitiva hará posible una reconciliación de la sociedad vasca tanto en Euskadi como en el exilio.
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