El debate en México está en pleno
desarrollo, con la reforma energética
presentada por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto el pasado 12 de agosto
del 2013. En su propuesta de ley, se pretende modificar dos artículos
constitucionales, el 27 y el 28, siendo relevante ésta sobre todo en el sector
petrolero y gasífero. En otras palabras lo que aquí se trata es de abrir la
empresa paraestatal Petróleos de México (PEMEX) a la iniciativa privada, algo
que queda explícitamente vetado en los antes mencionados artículos. Sin ser
excesivamente detallista, la propuesta legalizaría un nuevo tipo de gestión de
los recursos del país, que permitiría compartir las utilidades del petróleo con
inversionistas extranjeros. En esta también se determina que las diferentes
actividades relacionadas tanto con la generación de electricidad, la
refinación, explotación, exploración y distribución de petróleo y gas. Sin
embargo la propiedad de estos recursos formalmente no quedaría tocada en modo
alguno.
Enseguida los diferentes partidos
así como la sociedad en su conjunto reaccionaron ante esta iniciativa, que no
viene por primera vez, pues es sabido que
por al menos los últimos 20 años se ha estado buscando por diferentes
medios tocar este rubro tan polémico en la sociedad en general mexicana. La
gestión actual de PEMEX, como también de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) vuelve a la primera plana con el debate. La existencia de facto de accionistas en las
diferentes áreas de PEMEX, dividida a su vez en cuatro organismos subsidiarios,
Pemex Exploración y Producción,
Refinación, Gas y Petroquímica
Básica y Petroquímica, no resulta una novedad en sí, pues desde 1960 se permite
la participación en sus actividades a particulares, séase en gasoductos y oleoductos,
en la distribución y venta, mediante licitación de las gasolineras entre otros.
Muchas actividades, las cuales no están al alcance de la paraestatal, son
llevadas a cabo por la iniciativa privada desde hace décadas, sin que ello
comprometiera la soberanía de la misma sobre los recursos.
La necesidad de exploración,
operación de alto coste y riesgo, sobre todo en zonas más profundas del golfo
de México, suponen tener a la mano tecnología que está en manos en empresas
europeas o estadounidenses, al menos las que se contemplan en este caso. Para
tener garantizada su participación en esto, hace falta con toda evidencia,
presentar algo a cambio, si no es que de por sí se tiene que pagar las licencias
de las tecnologías patentadas y en uso por parte de la paraestatal. La falta evidente
de esto ha llevado de hecho a un relativo agotamiento de las reservas
constatadas del país, que han estado en declive desde décadas. Los pozos
existentes siguen dando de sí, pero no se abren nuevos, incluso donde se sabe
con certeza la existencia de crudo o gas. Esto es en gran parte por falta de
presupuesto para ello, pese a la alta rentabilidad del crudo mexicano y los
altos precios de mercado. La gran paradoja siendo que el gobierno federal se
abastece mediante una fiscalización estricta, del 71% de los ingresos para las
arcas públicas, representado en los presupuestos estatales nada menos de 30%
aproximadamente. Por ello se puede prever que si en el caso de proceder, la reducción
de los ingresos inmediatos a la hacienda mexicana tendrían un efecto
importante. Se dice que con la entrada de nuevo capital, se puede dinamizar,
sin embargo con tan sólo reducir la aportación fiscal, se podría disponer de
este excedente en la brevedad. Las
contrapropuestas hechas tanto por el Partido Acción Nacional (PAN), y el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), la primera mucho más radical, y la
segunda opuesta en gran medida a la presentada por el ejecutivo, serán fruto de
un arduo debate en el Senado de la República en los meses venideros. Entre las
propuestas más destacadas estaría el cambiarle el régimen fiscal a Pemex hacia
una empresa pública, ya no paraestatal, para así cambiarle su régimen de
contribuyente, por parte del PRD, el PAN siendo más proclive a una
privatización en toda forma.
La izquierda, tanto en el sistema
parlamentario, como la
extra-parlamentaria se han pronunciado por una consulta ciudadana, acerca del
tema, que sea vinculante, y así pueda esclarecer la voluntad popular, siendo que
si el pueblo mexicano es el detentor de
su riqueza, que sea también él que decida por su gestión. Esta es la clave tal vez
en el fondo del análisis. Primeramente, en el estado actual, Pemex tiene un
altísimo costo operativo, parte debido a los altos salarios de las dirigencias,
de la corrupción interna, tanto en las licitaciones, como en los sobresueldos.
La gestión siendo prerrogativa del gobierno federal, pone y quita los
directivos. Estas decisiones, que son meramente políticas, podrían pasar por
filtros más transparentes, y donde se tenga que rendir cuentas de la gestión
pasada. EL sindicato de trabajadores de Pemex, desde décadas se presenta como
un foco de clientelismo en el seno de la empresa, bajo el liderazgo de Carlos
Romero Deschamps desde el 1996, no ha contribuido exactamente en el buen
desempeño de sus actividades, si bien si ha servido en mantener una disciplina
para con el gobierno, por parte del sector trabajador.
El cambiar de modelo de
operación, como de fiscalización supondría un gran labor de normativización
nueva, de reubicación de puestos, y probablemente sería el aspecto más
beneficioso del paquete, en una estructura un tanto fosilizada. Menos ingresos,
más repartidos solo pueden acrecentar las deudas contraídas en el pasado,
cuando el endeudamiento fue y ha sido el remedio de última instancia para poder
seguir operando. Es así como la deuda de Pemex creció recientemente en 3 mil
millones de dólares ee.uu. ,por encima de los 60,500 mil millones de dólares registrados
al cierre del 2012.Esto y el estado crónico de refinanciamiento podrían en
algún momento hacerse detener el chorro de liquidez al estado mexicano, como
afectar la viabilidad de la misma empresa a mediano plazo. Visto esto, queda
claro que quedarse en el modus operandi actual es probablemente lo más desventajoso.
Sin embargo vender las joyas de la corona tampoco aliviaría el problema
estructural en sí, sino serviría con gran probabilidad como cortina de humo
para el presidente Peña para una agenda paralela.
El gobierno mexicano, que se
apoya hasta el día de hoy se apoya sobre el Pacto
de México, tendrá que revisar a sus
aliados, si quiere hacer pasar una
reforma de esta calandre. El apoyo tácito del
PAN y del Partido Verde
Ecologista Mexicano (PVEM) podrían hacer pasar la reforma en el Senado,
pero la elaboración de la legislación secundaria sería en este caso lo
elemental. Ahí se podrán determinar el cómo y qué de la reforma. Sin entrar
verdaderamente en el fondo de la cuestión, Peña quiere hacer pasar el cascarón
de una reforma, sin revelar nada más de lo esencial, cuando en realidad es ahí
donde la discusión debería de centrarse.
Si el pacto de México se quiebra
por la reforma energética, es porque al PRI ya le habrá servido suficiente para
sus propósitos. Si sus planes de levantar la economía mediante una política de
reformas activa fueran a convertirse en realidad, estaría por verse, si los
inversionistas también demuestran la voluntad de entrar en el asunto, o dicho
de otra forma, si las garantías y seguridades jurídicas convencen a la
comunidad empresarial internacional. Pues con una concesión tan simbólica como
la de la compartir utilidades, tal vez sea algo convincente en México, pero lo
que el inversionista quiere ver, es la transferencia de la titularidad de los recursos,
todas las garantías jurídicas relativas y cero riesgos, además de un nivel de fiscalización simbólico
a inexistente. Estas condiciones, en parte ya vigentes en otras áreas, como la
minería ha demostrado ser absolutamente ineficaces en cuanto a las recaídas en
la economía local, pues pagando los pocos impuestos, o ni siquiera, riqueza
sale del país sin dejar rastro alguno. Esto podría ser válido también en Pemex
en un futuro.
La bola de nieve está encaminada,
y será el tema fetiche, al menos por un rato, en el espectro político,
nacional, social, y en mucho si no todos
los sectores de la sociedad. Es cierto pues que la expropiación petrolera
emprendida en el 1938 es un ícono en México, y un sentido casi patriótico,
cuando en el extranjero se ve como uno de los regímenes más cerrados de un país
petrolero, en toda la escena de los países productores. Tantos modelos
productivos, desde el venezolano de PDVSA, pasando por el mixto de Petrobras en
Brasil, o YPF en Argentina, ex Repsol-YPF, pueden ser un marco de referencia
para toda comparación y experiencia análoga.
Lo cierto es que de tocarse el
tema, y ser aprobado, la reacción popular será más importante de lo que el
gobierno quiere pensar. La izquierda, institucional como extra-parlamentaria se
reactivará en consecuencia, y tal vez, estemos saliendo del espíritu del Pacto por México, de esterilidad en la
forma de gobernar, dentro de este oxímoron de gobierno sin verdadera oposición,
ni oposición parlametaria digna de dicho nombre. Ahora sí, o se sacude la
izquierda en defensa del petróleo, o en efecto Andrés Manuel López Obrador,
viejo lobo de la política mexicana, sacará provecho para salir de la sombra, y
renovarse, ahora si con MORENA, y terminar por descalificar al PRD por
completo.
Este cuento de no terminar, nos
puede sorprender mucho más, y ser un punto de inflexión en el sexenio de Peña
Nieto. Por ahora quedarán las dudas siguientes: ¿Seguirá el pacto contra-natura
por mucho tiempo más, la calle se hará oír, como en episodios recientes también,
será capaz Peña de remover lo inamovible dentro de Pemex sin perder con ello su
credibilidad?
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